El exdirector adjunto operativo de la Policía, José Ángel González, enfrenta una querella por agresión sexual, presentada por una inspectora tras el fin de su relación. González afirma que renunció para proteger la imagen policial y defenderse, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que fue un cese. Marlaska niega conocer los hechos previamente, expresa decepción y suspendió al comisario Óscar San Juan, acusado de coaccionar a la víctima. La denuncia incluye agresiones, coacciones y malversación, con una posible pena de hasta 30 años, agravada por abuso de superioridad. Partidos como el PP, SUMAR y Podemos critican la gestión de Marlaska y exigen responsabilidades. La inspectora Gema Barroso asume la DAU de forma interina. La víctima, que comunicó en julio a Barroso que no podía trabajar, desconfía de la Policía Nacional para la investigación. Este suceso agrava la percepción de impunidad en el ámbito político español.