El Primer Café

Luego de que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast presentara el lunes su plan "Chile despega con más pega", con el que busca enfrentar la crisis de desempleo en el país, el timonel del PPD, diputado Raúl Soto, afirmó que la propuesta "va en el camino correcto" e incluso opinó que se trata de una iniciativa "profundamente progresista".

En El Primer Café de Cooperativa el diputado Soto reconoció que "Chile está en una grave y profunda crisis laboral y económica. Desde la oposición tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Me parece que la señal va en la dirección correcta. En términos generales, incluso podría decir que se trata de una propuesta profundamente progresista, basada en tres ejes: subsidios estatales, inversión pública y apoyo a las pymes".

Frente a la tesis de un cambio de eje ideológico, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) descartó que el uso de herramientas estatales represente un giro doctrinario: "El crecimiento económico es el que da los empleos a largo plazo. El Estado no puede sostener eternamente una economía, sino que es la creatividad, la inversión privada, las pymes los que generan el trabajo en Chile. Y por lo tanto, bajo esa premisa de todas maneras tenemos que entender hoy día que hay una realidad de una emergencia en materia de empleo que requiere tomar medidas".

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, Lautaro Carmona afirmó que como parte de la oposición defenderán los derechos laborales ganados durante el gobierno de Gabriel Boric: "Vamos a estar muy atentos es que no sea a costa ni del salario de los trabajadores ni de las condiciones de estabilidad laboral que hacen falta consolidar, porque no puede ser que sobre la espalda de ellos cargue cualquier ajuste".

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo valoró también la iniciativa de La Moneda y afirmó que recoge planteamientos hechos previamente por su partido y que serán importantes mientras se consiguen los efectos esperados de la ley de Reconstrucción Nacional.

El Primer Café, con Cecilia Rovaretti.

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La incorporación de Chile a la iniciativa regional de seguridad conocida como "Escudo de las Américas" ha desatado una serie de discusiones acerca de la política exterior de nuestro país, especialmente en lo que respecta a la soberanía nacional frente a Estados Unidos, gestor de este grupo con gobiernos afines a su presidente, Donald Trump.

En El Primer Café de Cooperativa, Rodrigo Ubilla, exsubsecretario del Interior de Sebastián Piñera y director del área política de Libertad y Desarrollo, argumentó que no hay ningún peligro para la soberanía nacional: "Aquí las cosas son lo que son: no es un tratado, por lo cual no hay pérdida de soberanía. Cuando hay pérdida de soberanía es porque o se pierde soberanía por la fuerza o se cede soberanía sobre la base de un tratado, y ese tratado tiene que pasar necesariamente por el Congreso".

En la misma línea, el director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, sostuvo que los cuestionamientos responden a una instrumentalización política por parte de la oposición: "Lo importante de esto es si esta cuestión tiene finalmente una implicancia jurídica para nosotros. Y la verdad es que no: esto no es un tratado y, por tanto, no obliga. Los tratados requieren pasar por el Congreso".

Luis Ruz, presidente del directorio del centro de pensamiento Democracia y Comunidad, advirtió que la iniciativa impulsada por Washington excede con creces la cooperación policial y amenaza la inserción internacional de Chile, particularmente los lazos comerciales con socios como China.

Ricardo Solari, presidente del Instituto Igualdad, alertó sobre las consecuencias de un alineamiento ideológico con la administración de Donald Trump: "Lo que está aquí en tela de juicio es la acción de un gobierno que por afinidad ideológica está caminando demasiado rápido a un punto que es extremadamente peligroso". Y apuntó contra el gobierno estadounidense: "Esta gente, los que han guiado toda esta política, tiene una gran voluntad de materializar su doctrina, que dice que América Latina es el patio trasero de su país, dicho textualmente, escrito por ellos".

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El exministro Cristián Monckeberg (RN) afirmó en El Primer Café de Cooperativa que la declaración de Michelle Bachelet y Gabriel Boric contra la adhesión de Chile al Escudo de las Américas le sonó a una "pasada de cuenta", especialmente en el caso de la expresidenta.

Los exmandatarios llamaron al Gobierno a reconsiderar la permanencia de Chile en la iniciativa. Al comentar esa declaración, Monckeberg sostuvo: "Me sonó como a pasada de cuenta, sobre todo de la presidenta Bachelet", y vinculó su impresión con la fallida candidatura de la exjefa de Estado a Naciones Unidas. El exministro de Renovación Nacional dijo que, a su juicio, en la postura de Bachelet percibió "una suerte como de 'aquí me las voy a cobrar'".

El exministro de Defensa José Antonio Gómez (PR) cuestionó que se atribuyera a Bachelet una motivación de ese tipo. "No se puede pretender decir que la declaración (...) tiene una situación subalterna de pasada de cuentas por no haber sido apoyada a su cargo en la Organización de Naciones Unidas", afirmó.

Nicolás Eyzaguirre (PPD), exministro de Hacienda, respaldó esa crítica, afirmando que "rebajar así a la presidenta suponiendo intenciones de venganza o de resentimiento no corresponde", señaló. Agregó que la declaración de los expresidentes ayuda a debatir los alcances de la adhesión chilena.

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En El Primer Café, economistas debatieron sobre la decisión del gobierno de José Antonio Kast de sumarse al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos y que puede tener una serie de implicaciones en materia geopolítica.

El economista Rodrigo Wagner, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, planteó que "Estados Unidos no quiere que ciertos servicios digitales directos sean controlados directamente por China, sin pasar por otras etapas. Si eso va a ocurrir, a veces es mejor saberlo desde el principio para no terminar en problemas diplomáticos al final".

Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros de la U. de Los Andes, manifestó que "el aspecto más positivo para Chile de esta firma es en materia de seguridad y control del crimen organizado, porque ya queda bastante claro que Chile tiene capacidades de inteligencia que están siendo insuficientes, y además este tema es transnacional, por lo que esa cooperación yo la veo como un aspecto positivo y necesario".

Para Rodrigo Echecopar (FA), "hay un problema de comunicación, que obviamente genera desconfianza, suspicacias, porque el comunicado que sacó Cancillería estuvo enfocado en crimen organizado (...) después se ve contrastado con este comunicado mucho más largo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que demuestra que tiene un alcance bastante mayor".

Finalmente, la economista Macarena García (LyD) comentó que "no hay que dejar fuera el tema de seguridad, porque a estas alturas tiene un impacto económico relevante. Hasta el minuto no hay nada claro, si efectivamente va a ser muy restrictivo, poco restrictivo, qué nos impone. Yo creo que en eso hay que imponer los límites y eso hay que hablarlo internamente".

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El rechazo por un voto de la reforma constitucional sobre detención para ejecutar expulsiones administrativas enfrentó en El Primer Café a los diputados Jorge Guzmán (Evópoli) y Constanza Schönhaut (FA). La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones: le faltó un respaldo para alcanzar el quorum requerido.

Guzmán calificó el resultado como un revés para la seguridad y cuestionó que algunos parlamentarios no respaldaran en la Sala un texto que habían apoyado durante su tramitación. "La izquierda se dio un lujo, pero no un lujo para complejizar o para atacar al Gobierno, sino un lujo simplemente para ganar un punto que perjudica la seguridad de Chile", afirmó. Reconoció, a la vez, que faltaron votos de la derecha.

Schönhaut confirmó que votó en contra. Sostuvo que la reforma permitiría avanzar hacia una retención de hasta 30 días para las expulsiones administrativas, mientras dejaba para una ley posterior aspectos como la intervención judicial y las condiciones de aplicación. "Se dice retención, pero en el fondo era básicamente pasar, para las expulsiones administrativas, a poder detener a la gente sin control judicial durante 30 días", planteó.

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