El Primer Café

Los diputados Agustín Romero (Republicanos) y Ximena Ossandón (RN) defendieron que la reforma constitucional en materia de seguridad permanezca en el Congreso, pese a las críticas transversales que provocó la iniciativa y a las voces que piden al Gobierno retirarla.

Romero afirmó que quitarle la urgencia fue una decisión "lógica y evidente" para buscar acuerdos, pero advirtió que el debate debe desarrollarse públicamente en el Parlamento. "El lugar donde hay que discutirlo es en el Congreso Nacional. Retirar el proyecto no va a hacer que el problema del narcotráfico y el crimen organizado desaparezca", sostuvo el diputado republicano.

Por su parte, la diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón, también cuestionó aspectos centrales de la reforma. Advirtió que no se puede dejar una Constitución habilitada para que una futura autoridad haga un uso indebido de facultades excepcionales. Pese a ello, la legisladora respaldó que el proyecto continúe su tramitación y valoró la decisión de retirar la suma urgencia.

Desde la oposición, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, rechazó que retirar la iniciativa implique trasladar el debate a una negociación a puertas cerradas. El legislador calificó la reforma como "innecesaria" y "riesgosa para la democracia", y planteó que el Ejecutivo debe concentrarse en una agenda de más de 30 proyectos de ley sobre seguridad.

En la misma línea, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, descartó que los partidos opositores busquen negociar fuera de las instituciones. "Ni cocina ni al golpe avisa, porque de lo que se trata es de un proceso con transparencia total frente a un tema muy sensible y de primer orden", manifestó.

El Primer Café, con Cecilia Rovaretti.

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Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, descartó que el Ejecutivo tenga una orientación autoritaria o iliberal, y sostuvo que la amplitud de la propuesta puede ser interpretada como una táctica para iniciar su negociación en el Congreso. "Yo lo que creo aquí es que el Gobierno, más bien básicamente por cómo se retrotrae, el Gobierno tiró el tejo pasado. Esa es mi impresión", afirmó.

Sebastián Depolo, integrante de Rumbo Colectivo, rechazó la tesis del "tejo pasado" y cuestionó que la seguridad pueda utilizarse como una herramienta de negociación política o legislativa. "Yo no creo en la tesis del tejo pasado, o si hay tejo pasado, lo encuentro de una irresponsabilidad absoluta", respondió.

Luis Ruz, presidente del directorio del Centro Democracia y Comunidad, coincidió en que la discusión debe considerar el equilibrio entre los poderes del Estado y no limitarse a la eficacia o popularidad de las medidas. Según explicó, la propuesta invierte la lógica habitual de los estados de excepción porque "en vez de que el Poder Legislativo autorice primero, acá la propuesta del Gobierno más bien el Presidente actúa y luego el Congreso revisa", sostuvo.

Rodrigo Ubilla, director del área política y sociedad de Libertad y Desarrollo, defendió la necesidad de entregar nuevas herramientas al Estado ante la expansión del crimen organizado, pero llamó a determinar primero qué materias deben quedar en la Constitución y cuáles pueden regularse mediante leyes orgánicas.

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Según el excanciller Ignacio Walker, la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast y la acción comunicacional de traslado de reos a Talca marcan la llegada al país de la política al estilo Bukele: "la semana pasada Nayib Bukele hizo su entrada en la política chilena, el plan Cancerbero, con su fanfarria comunicacional, pero sobre todo la reforma constitucional sobre seguridad, corresponden al método Bukele: efectismo comunicacional y una reforma iliberal, que atenta contra aspectos básicos del régimen constitucional y democrático chileno".

Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) planteó que "todos tenemos claro que hay que detener el crimen organizado, el terrorismo, los problemas del narcotráfico, si el problema es porqué lado se baja uno del caballo (...) es importante el modelo de contrapesos y esta reforma tiende olímpicamente, por los menos por 240 días, a saltarse al Congreso y al Poder Judicial. Yo prefiero que sea lento, la democracia no es la más rápida, pero a la larga es la mejor, que sea lento pero que haya debido proceso", insistió.

El diputado republicano Luis Sánchez Ossa recalcó que "obviamente este es un proyecto de ley de alto impacto, es un tema muy relevante porque va al nervio de los grandes problemas que estamos teniendo hoy día, la crisis de inseguridad y muchos de ellos pasan por la interpretación que en tribunales se da de ciertas normas y como eso impacta en lo que todos solemos denominar la 'puerta giratoria' y el garantismo".

Finalmente, el exministro Cristián Monckeberg (RN) lamentó que "la discusión central se la lleve una reforma que a todas luces hay que mejorar, pero yo prefiero la discusión honesta, legítima, en el Congreso, de un proyecto como esto, que me imagino va a tener muchas modificaciones, a no hacer nada o a hacer más de lo mismo".

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Economistas coinciden en que el país no llegará a cumplir las metas de crecimiento esperadas por el Ministerio de Hacienda durante este año, en medio de una recesión técnica por haber llegado a dos trimestres con cifras negativas en esta materia.

El exministro Carlos Ominami planteó que "lo que tenemos aquí en Chile formalmente es una recesión técnica, porque tuvimos un primer trimestre con crecimiento negativo y el dato que hay es un crecimiento levemente negativo también para el segundo trimestre. Esto no hay que sobreinterpretarlo, pero me parece que el dato más inquietante es que la inversión tampoco repunta. El aumento es del orden del 2 por ciento, la confianza empresarial incluso ha disminuido".

Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo, comentó que "efectivamente el crecimiento para este año es difícil, prácticamente imposible, que llegue al 1,8 como espera Hacienda, porque para que eso pase el segundo semestre tendría que tener un crecimiento cerca del 4 por ciento, que es muy poco probable que se dé".

Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, compartió "la preocupación respecto a la inversión. Uno esperaba que las expectativas hubieran sido mejores, que los números hubieran sido distintos. Hay que ver lo que viene, no sabemos si a lo mejor estaban esperando que se aprobara el proyecto con la rebaja tributaria y ahí tomar decisiones de inversión, puede ser, vamos a verlo en el futuro, pero eso es lo que me parece más preocupante y ojalá que cambie".

Rodrigo Wagner, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, sostuvo que "estamos en una inesperada crisis de expectativas, todos los indicadores de expectativas salieron bajos y se está contagiando con las expectativas empresariales. Hay una preocupación mayor, no es extrema, pero es importante (...) debiéramos converger a crecer en algo así como un 2 y tanto por ciento".

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El diputado y vicepresidente de Evópoli, Jorge Guzmán, advirtió que la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno no tiene viabilidad en sus actuales condiciones, debido a las atribuciones que entrega al Presidente de la República y a la ausencia de control del Congreso durante su aplicación. "Yo creo abiertamente, y lo digo con total responsabilidad, que el proyecto en las condiciones que hoy día ha sido presentado no tiene ni una posibilidad de convertirse en ley y ser reforma constitucional", sostuvo el parlamentario oficialista.

El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, respaldó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y aseguró que el texto presentado recogió parte de las aprensiones manifestadas por su partido ante el borrador inicial. Sin embargo, reconoció que la propuesta deberá ser discutida y modificada para conseguir los votos requeridos.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, sostuvo que la controversia no enfrenta a quienes defienden la seguridad con quienes buscan mantener la situación actual, sino que plantea una discusión sobre los límites democráticos del poder presidencial. "El debate que el gobierno nos ha propuesto es un debate entre democracia y autoritarismo. Y eso es", afirmó.

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, acusó al Ejecutivo de promover una herramienta que podría utilizarse contra sectores opositores y puso en duda su eficacia para enfrentar la crisis de seguridad. Couble también cuestionó la ausencia de control parlamentario y planteó que una situación extraordinaria podría ser discutida rápidamente por el Congreso.

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