La todopoderosa industria automotriz alemana atraviesa una seria crisis existencial. Aprieta el acelerador hacia el auto eléctrico pero el mega consumo del litio en las nuevas baterías plantea ya las mismas críticas éticas y ecológicas que se le imputan a los combustibles fósiles que mueven a los motores a explosión. Un reportaje realizado en el marco de la Semana Europea del Desarrollo Sostenible. Dos billones de automóviles circulan hoy en día por todo el mundo. Y poco ha cambiado esencialmente del motor a explosión que los mueve desde que lo inventó en 1886 el ingeniero alemán Nicolaus Otto. Comparado con otros artefactos de la vida moderna, el motor a explosión es hoy una suerte de dinosaurio. Una de las consecuencias más graves de la popularidad del auto a través de estos siglos es su enorme efecto contaminante. El transporte provoca una cuarta parte de las emisiones de CO2 en Europa, el 71 % de ellas provienen del transporte por carretera. El motor a combustión y sus alternativas más o menos eficientes Para alcanzar las metas europeas, de aquí a 2050 habría que disminuir un vertiginoso 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el transporte. Y Alemania debería ser el gran responsable de esta tarea: es el principal exportador mundial de automóviles, tiene un 20% del mercado mundial y vende el sueño del auto perfecto. Es el país de los Mercedes Benz, de los BMW, de los Porsche, de Volkswagen, Opel y Audi. Lo insostenible del motor a combustión lo sabía hace mucho tiempo, pero se la ha hecho fácil. “Soñaron durante demasiado tiempo con el diésel o con los híbridos, que con el escándalo del Dieselgate terminó en un desastre”, explica Ferdinand Dudenhöffer, profesor de economía automotriz, director del CAR-Center Automotive Research. “No se tomó en serio la electro movilidad en el pasado, , no se creyó en los autos eléctricos en el pasado y desde hace tres, cuatro, cinco años no se ocuparon de las baterías y se mantuvieron en un ya viejo modelo de negocios”, prosigue. El motor a combustión no sólo es contaminante, también es ineficiente. Para sustituir al motor a combustión se han presentado muchos candidatos, estima Koshan Mahdi, profesor de movilidad en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín: “Es ineficiente porque quema el combustible y genera un montón de calor con este quemar y la mitad de la energía se va vaporizando, difundiendo en el ambiente, y sólo la mitad se usa para la movilidad”. “Técnicamente hay muchas alternativas. Se ven algunas en las calles, pero si quiero la mejor alternativa, entonces tiene que ser más eficiente, más económico, más sostenible”, añade Mahdi, subrayando que opciones como el nitrógeno o los combustibles sintéticos no son deseables. El motor eléctrico parece haberse impuesto definitivamente en una lucha extenuante por el futuro de la movilidad entre infinidad de alternativas. Pero el auto eléctrico no es por sí mismo una solución como lo demuestra el ejemplo de los nada pequeñas SUV, la curiosa nueva moda de los autos grandes. Según el profesor, con uno de estos autos de una cierta marca, “viajando de Berlín a Múnich se consume la electricidad que una familia de cuatro personas consume en un mes entero. Ida y vuelta son dos meses de energía para una familia. Ahora, con la crisis que tenemos en el mundo por la guerra de Rusia, la gente se da cuenta de ahorrar energía, la energía es cara”. El litio, un beneficio engañoso cuya extracción provoca “enormes daños ambientales” La batería más eficiente para autos eléctricos hasta ahora es la de litio, que además usa otros varios componentes bastante exóticos, escasos y caros como el cobalto. El litio es el principal componente de las nuevas baterías y representa un 30 % del total del peso de una batería de automóvil normal. Pero reemplazar petróleo por baterías eléctricas no deja de ser un beneficio engañoso: “El proceso de producción del auto tiene que ser también sostenible, no sólo el uso cotidiano. Significa, usando energías renovables, usar lo menos posible recursos naturales, usar materiales reciclados, quitar todo el litio de la tierra, como hicimos con el petróleo antes, no parece tan sostenible. Hay un billón de autos en el planeta, 80 millones produciendo cada año. Creo que hay bastante litio todavía, pero estamos entrando en un nuevo círculo de excavar todo lo que podemos al precio que nadie quiere pagar. No va a salir sostenible de ninguna manera, creo”, opina Mahdi. El litio, un mineral que existe principalmente en Chile y Bolivia. Los gobiernos sudamericanos están bajo la enorme presión de las ofertas de los productores mundiales de baterías y automóviles para aumentar en todo lo posible la extracción de litio. Pero ya en Alemania crecen las voces que muestran lo cínico que es promover un automóvil ecológico en Europa con enormes costos ambientales que deben enfrentar los países que lo producen. “Si se quieren ver los daños ecológicos, pues hay que ir al Desierto de Atacama en Chile. Una de esas plantas tiene 44 kilómetros cuadrados de extensión. Todos los días esa planta extrae 120 millones de litros de aguas subterráneas para empujar al litio a la superficie. ¿Y sabe qué pasa con esa agua? Pues estamos en el desierto... ¡Simplemente se evapora, desaparece! Es decir que esta empresa saca 120 millones de litros de aguas subterráneas todos los días para extraer litio, para que nosotros aquí digamos ‘¡Ey, yo conduzco un auto eléctrico!’. Estamos provocando enormes daños ambientales y con esta nueva moda eléctrica se pondrá muy difícil”, lamentaHarald Lesch, de la Universidad de Múnich. El esquema parece ser el de importar los beneficios y mantener lejos los costos: “Antes traíamos el petróleo de algún lado y ‘aceptábamos’ entre comillas los daños al medio ambiente que provocábamos allá y ahora pasa lo mismo con el litio. Me da la impresión que cuando le preguntamos a los industriales de dónde sacan sus materias primas ellos dicen ‘alguien nos las manda’. En el fondo no queremos saber aquí en Europa o en Estados Unidos los daños ambientales que provocamos en otros países”, agrega Lesch. Moverse de manera “más inteligente”: hacia menos autos privados Poco a poco y pensado ya a largo plazo parece estar imponiéndose la idea que en un futuro próximo poseer un automóvil privado será innecesario. Sería seguramente la única salida sostenible de la difícil movilidad moderna. “No es sabio reemplazar todo lo que tenemos ahora con otro motor. Es mejor pensar en la forma en cómo nos movemos”, argumenta Koshan Mahdi, dando como ejemplo el alquiler de auto en el instante, el uso de taxis compartidos, de transporte público, de patines o bicicletas eléctricos o de carga. “Hoy se está desarrollando una gran variedad de métodos de movilidad y creo que con esta mezcla se puede moverse más inteligente y más eficiente que con un auto”, recalca. Berlín no es una ciudad especialmente ecológica, pero el gran desarrollo de su transporte público ha hecho que sólo la mitad de su población tenga un auto privado: “En Berlín tenemos un transporte público muy desarrollado, da igual por donde quieres ir, hay un tranvía, hay metro, hay de todo, y las 24 horas”, comenta Felipe Smith, que vive en la capital alemana y tiene dos hijos pequeños. “La situación de la infraestructura pública está perfecta. El transporte público también. Hay un montón de proveedores donde se puede alquilar un auto con una aplicación, también los patines, bicicletas…”, subraya asimismo Smith. El 75 % del espacio público de las ciudades modernas, todo el espacio que no son comercios o viviendas, lo ocupan los automóviles, o bien moviéndose por la ciudad o estacionados. En el mínimo 25 % restante están arrinconados los peatones en estrechas veredas, en plazas o parques. Paradójicamente, en Alemania, un automóvil está un promedio de 23 horas al día inmóvil. Si se lograra reducir a un mínimo imprescindible el automóvil privado, lo que apoyan prácticamente todos los expertos en movilidad actuales, las ciudades modernas vivirían una transformación extraordinaria y también seguramente la vida misma de sus habitantes.

El pasado domingo Chile conmemoró los 49 años del golpe de Estado que llevó al poder a Augusto Pinochet. El aniversario ocurre una semana después de que el país rechazara por plebiscito la propuesta de nueva Carta Magna. Reportaje en la capital chilena con partidarios y adversarios del proyecto constitucional. Por nuestra enviada especial a Santiago, Melissa Barra. "No queríamos que nuestro país se convirtiera en Argentina o Venezuela. El estatismo influyendo en la economía no nos sirve a nadie", explicó, bandera en mano, un habitante de Santiago. A las 8 de la noche, el domingo 4 de septiembre, miles de santiaguinos partidarios del rechazo al proyecto de Constitución salieron a festejar. Su victoria fue contundente en el plebiscito constitucional.  El 62% de los chilenos le dijo "no" la propuesta redactada por la Convención constitucional elegida un año y medio antes. "La gente se dio cuenta que el borrador de Constitución no está completo y no nos protege como país", dijo a RFI otra joven chilena en las calles de la capital. El gobierno de Gabriel Boric, que apoyaba el apruebo, se despertó al día siguiente intentando entender qué salió mal. En el Palacio de la Moneda, el oficialismo se apuró en convocar a un diálogo con todas las fuerzas políticas del país. La pelota está en el tejado del Congreso. La intención es reanudar el proceso constituyente y así respetar los resultados del plebiscito de entrada de 2020. "El 80% de los chilenos señaló en ese entonces que no quería la actual Constitución y por lo tanto, es válido este nuevo proceso. Hay que continuar con esa búsqueda de un texto que sí nos convoque mayoritariamente. Y al mismo tiempo señaló la ciudadanía, ese mismo 80%, que quería un órgano electo democrática y participativamente al efecto", declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Raúl Soto. El freno de la plurinacionalidad ¿Demasiado innovadora o demasiado radical? La propuesta de esta convención era sin duda una de las más extensas del mundo, y de las más ambiciosas, al reconocer un Estado social, plurinacional y a cargo de la crisis climática, con cambios estructurales en las instituciones y garantías a las personas como el derecho a la educación gratuita, a la vivienda decente o a las libertades de género.  "Una construcción de minorías, de identidades, que confunde", apuntó el exmagistrado del Tribunal Constitucional y profesor de la Universidad Alberto Hurtado, Gonzalo García. "Una cosa es aceptar y reconocer que los pueblos originarios en Chile tenían una postergación y siguen y la van a seguir teniendo una postergación gigante. Pero pasar de la postergación al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas fue demasiado complejo. En Chile, los indígenas representan un 12% de la población", explicó. Todas las regiones chilenas votaron a favor del rechazo y también todas las comunas del país, salvo ocho. Incluso votó en contra La Pintana, la más pobre de la Región Metropolitana, que cuenta con una gran comunidad mapuche. Aproximadamente el 40% o 45% de su población se autoidentifica indígena. "En el gobierno de Eduardo Frei Montalva y luego también en el de Salvador Allende existían los tribunales de indios. Si un joven robaba una familia, la justicia indígena dictaminaba que iba a esa familia y para hacer una reparación del daño causado. Eso era lo que nosotros pretendíamos, que se volviera a ese mismo sistema", detalló a RFI María Hueichaqueo, ex presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios y encargada de la asociación mapuche de La Pintana Taiñ Adkimn. "Si estábamos hablando de un tema indígena, obvio que teníamos que ir a los tribunales indígenas, pero si estábamos hablando de un atropello obviamente que la justicia occidental tenía que hacerse parte. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo en el diálogo y a recordarle al gobierno que ganó con voto indígena", añadió. Donde todo comenzó El plebiscito del 4 de septiembre fue el primer sufragio obligatorio en 10 años. Trece millones de chilenos dieron su voto, una cifra nunca antes alcanzada. Muchos jóvenes que habían participado en el estallido de 2019 votaron por primera vez. Uno de los puestos de votación, de hecho, fue altamente simbólico: el Liceo 7 de Providencia, en Santiago. "Uno de los primeros en empezar a evadir la tarifa del metro", recuerda Marcela Catoni, exalumna de 20 años. En 2019, ella era la presidenta del Centro de alumnas del colegio. La chispa de la revuelta del 18 octubre de ese año se encendió con el alza del precio del transporte. "Fue la gota que rebalsó el vaso. Todos los años los alumnos y estudiantes nos movilizábamos por algo. Todos los años había algo malo y nunca lo solucionaban. Me acuerdo que también se luchaba mucho por la educación gratuita y de calidad. Actualmente en Chile tenemos un sistema mixto. Nuestra Constitución lo que garantiza es libertad de enseñanza, no garantiza el derecho a la educación, lo que garantiza es un poder de elegir. Pero es bien ambiguo, porque si tú no tienes plata no tienes mucho en donde elegir. Yo creo que era rabia de que todo en este sistema estaba mal y nadie era capaz de cambiarlo", apunta la ahora estudiante de derecho. El anhelo de nueva Constitución nació en la calle y ahí es donde vuelve. Los jóvenes no esperaron a que los políticos se pusieran de acuerdo para salir nuevamente a reclamar un camino constituyente. Ya no quieren la Constitución vigente desde la dictadura, dijeron a RFI desde la Alameda, piedra en mano, estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cuánto más esperarán? Tres años después de las revueltas, eso está en manos de la clase política, y deberán actuar rápido antes de agotar a los chilenos, invadidos por esa sensación de un capítulo que no se logra cerrar.

Este jueves se cumplen dos años desde la explosión que dejó hecho escombros el puerto de Beirut y acabó con la vida de 218 personas. Sus familiares reclaman justicia a las autoridades, pero los principales responsables del desastre siguen poniendo trabas al proceso judicial. “Parece Hiroshima o Nagasaki”, dijo sin poder contener el llanto el entonces gobernador de Beirut, Marwan Abboud, la tarde del 4 de agosto de 2020, mientras pisaba cristales. Reconoció que nunca había visto tanta destrucción. La explosión del puerto en la capital del Líbano provocó en pocos segundos más destrozos que la guerra civil en 15 años. La onda expansiva mató a al menos 218 personas e hirió a más de 7.000. El origen de todo: la detonación de centenares de toneladas de nitrato de amonio, un material explosivo que estaba almacenado desde 2013 en el corazón de Beirut. Ya entonces, el Líbano estaba hundido en una crisis económica insalvable. Durante los primeros días después de la explosión, miles de personas se manifestaron exigiendo justicia. Poco después, las concentraciones se quedaron vacías. La preocupación por tener algo que comer y la desconfianza en obtener respuestas hicieron que la gente regresara a sus casas, o a lo que quedara de ellas. Dos años más tarde, no hay ni una sola persona condenada por la explosión. “Tuve que aprender sobre política libanesa para entender qué es lo que está ocurriendo. Incluso he dejado mi trabajo desde hace un año para centrarme en la lucha por la justicia y dedicar todo mi tiempo a ello”, cuenta a RFI Mariana Fodoulian, miembro de la Asociación de Familias de las Víctimas, que lidera la lucha contra la impunidad. Ella perdió a su hermana Gaia en la explosión. Una película de terror Las familias de las víctimas luchan contra la impunidad, pero también contra el escepticismo de sus conciudadanos. La mayoría del país trata de pasar página sin depositar esperanzas en ningún proceso judicial. “En mi familia soy la única que está luchando. Mi madre siempre dice que aquí nunca habrá justicia. En cuanto a los políticos, están trabajando para ver quien se cansará antes. Si nosotros o ellos”, denuncia Fodoulian. Mariana y muchas otras personas siguen picando piedra. Las mueve la sensación de rabia y de injusticia: sus seres queridos no habían hecho nada para encontrar la muerte. “Todas las víctimas estaban en sus casas, o en el trabajo. No estaban alzando armas ni yendo a ninguna guerra”, dice. Recuerda que todo ocurrió cuando eran las 6 y 7 minutos de la tarde. Era un día de verano y muchos se preparaban para ir a tomar algo después de un día de playa. Otros, salían del trabajo y se iban a casa a reunirse con los suyos. “Fui al baño antes de salir del trabajo y sentí el terremoto. La pared de nuestra clínica estaba realmente cayéndonos encima, pero algo la retuvo”, cuenta Mariana Fodoulian. “Pensé en asegurarme si mi madre estaba bien. Cuando la llamé, ella empezó a gritar. Decía "hermana, muerta"”, recuerda. Los barrios cercanos al puerto de Beirut se convirtieron en una película de terror. Había personas llorando, otras se desplazaban ensangrentadas y muchas no podían caminar por sí solas. Puertas y ventanas habían salido disparadas en todas direcciones, impactando contra los cuerpos de los beirutíes. La ciudad entera estaba metida en una nube de polvo. “El gobierno está saboteando la investigación” Un año después de la explosión, una investigación de Human Rights Watch apuntó contra varios hombres que habían formado parte del gobierno durante o antes de la explosión. Ali Khasan Khalil, exministro de Finanzas, y Ghazi Zeaiter o Yousef Fenianos, ambos exministros de Obras Públicas, estaban entre los señalados. Los tres habían sido advertidos de la presencia del nitrato de amonio en el puerto. Alguno de ellos, tan pronto como en 2014. A pesar de que existan estas evidencias, la investigación judicial no está en marcha. El juez que lidera el caso, Tarek Bitar, lleva 7 meses sin poder trabajar después de que la clase política bloqueara la investigación. “La investigación está suspendida porque el ministerio de Finanzas está rechazando firmar un decreto que adjudicaría jueces en el tribunal más alto en el Líbano, la Asamblea General del Tribunal de Casación, capaz de lidiar con las demandas presentadas por los antiguos ministros. Por lo tanto, el gobierno está saboteando la investigación y está evitando que se retome”, explica a RFI Ghida Frangieh, miembro de la organización Legal Agenda, que trabaja por el buen funcionamiento del sistema judicial en el Líbano. Para el juez Bitar, el actual bloqueo es solo el último obstáculo. Antes, los propios exministros a quienes el juez ha querido interrogar plantearon decenas de trabas para torpedear el caso. Frangieh denuncia que la nula independencia del sistema judicial hace que los poderosos del país se sientan capaces de amenazar a los jueces. Sea por el caso de la explosión del puerto o por crímenes cometidos durante la guerra civil, los jueces son atacados con demandas y con fuertes campañas de difamación en la prensa. Los grandes casos judiciales del país se han resuelto recorriendo a tribunales internacionales. Ahora, muchos trabajan para terminar con la dependencia internacional. “Esto es muy importante para nuestro futuro”, apunta Frangieh. El capítulo noruego del caso El férreo bloqueo de la investigación en el Líbano, sin embargo, fuerza a las familias de las víctimas a buscar nuevos caminos hacia la justicia. Nueve personas han presentado una demanda en Texas contra la empresa que transportó el nitrato de amonio hasta Beirut. La denuncia es contra TGS, un grupo estadounidense. En 2019, la empresa adquirió Spectrum, la compañía que en 2013 fletó los explosivos hasta el Líbano. “Los jueces obligarán a TGS a levantar todo secreto y a divulgar todas las comunicaciones mantenidas entre Spectrum y por ejemplo los políticos libaneses”, detalla Zena Wakim, quien hace parte de la fundación suiza Accountability Now. Ésta ha puesto la demanda en nombre de las familias de las víctimas. El objetivo de la demanda es revelar las comunicaciones con el ministerio de Energía, con quien cerró el contrato para transportar el nitrato de amonio. “Quieren obtener respuestas. ¿Por qué una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Oslo, que obtienen miles de millones de ganancia cada año, fletó este barco en particular para venir a Beirut? ¿Por qué una empresa sísmica fletó un barco, cargado de 2.750 tonelada de explosivos, para venir a Beirut cuando la guerra en Siria estaba justo a un lado? Nada de eso tiene sentido”, apunta Wakim. Asistencia psicológica Mientras tanto, recuperarse de las heridas, visibles e invisibles, es una tarea que ocupa a todo Beirut. Estos días, los teléfonos de atención psicológica de Embrace suenan más de lo habitual. La doctora Myriam Zarzour, psiquiatra de esta organización que aboga por la salud mental en el Líbano, explica el por qué: “Cualquier tipo de aniversario trae sentimientos y emociones que creías haber superado. La gente ha perdido sus seres queridos, sus casas, su percepción de seguridad”. Según ella, muchas personas continúan sufriendo el trauma dos años después. Las pesadillas, el miedo extremo, la ansiedad o la taquicardia son consecuencias habituales. La explosión también derribó las esperanzas de construir un país mejor. Muchas personas que luchaban para dejar un Líbano digno a la siguiente generación, pasaron a esforzarse para abandonar el país. “Cuando la explosión pasó, lo vieron como una señal que necesitaban para irse del país. es una experiencia traumática fuera de lo común, les mostró que el país es inestable en todos los niveles. Es muy difícil continuar tu vida con normalidad, seguir trabajando, viendo tus amigos, yendo a tomar algo, en un lugar donde has visto muerte”, explica. Pero al final, todo gira alrededor del mismo concepto. Zarzour afirma que no se puede hablar de sanar las heridas sin antes hablar de justicia. Seguramente ese sea el motivo por el cual Mariana Fodoulian y tantas personas más estén dispuestas a seguir dando batalla.

De las más de 1.000 personas que desaparecen cada año en Bolivia, unas 300, en su mayoría adolescentes, son víctimas de trata. Pero la prostitución ilegal alcanza también a muchas otras menores que caen en la espiral del sexo por dinero frente a una policía que no da abasto para combatir la situación. “- 50 bolivianos, te ayudo para empezar. Con oral es más. - ¿Dónde es? - Esa puerta roja del garaje.” 50 bolivianos, cuatro euros, por “pieza”, es decir, servicio sexual. Servicio completo, añade la joven. Álvaro parece ser un cliente como los demás, que ha venido a este barrio con su amigo Bernardo para tener relaciones sexuales con prostitutas. En Bolivia, la profesión es legal mientras las trabajadoras ejerzan en prostíbulos declarados. Pero, obviamente, no es el caso de las jóvenes que están en la acera esta noche. En esta avenida 12 de octubre, el distrito rojo de la ciudad de El Alto, decenas y decenas de hombres esperan su turno haciendo fila frente a mujeres que ofrecen sus cuerpos por apenas cuatro o cinco euros. En realidad, Bernardo y Álvaro son trabajadores sociales de la organización Munasim Kullakita. Están aquí para observar la dinámica callejera. Van a lo que llaman “puntos estratégicos”. “Aquí trabajamos con los que llamamos los constructores que en realidad son un medio de comunicación para nosotros. No podríamos presentarnos como trabajadores sociales directo a las chicas, porque hay unas redes bien grandes, y sería peligroso”, explica Bernardo.  Violencia sexual comercial Un trabajo en el terreno esencial para, entre otras cosas, detectar a las más jóvenes. Todo el equipo de Munasim es unánime: no se debe hablar de prostitución cuando son menores de edad, sino de violencia sexual comercial, una de las formas de trata de seres humanos, que existe también bajo otras formas, como por ejemplo las tareas domésticas forzadas. Annelise forma parte del equipo que hace este trabajo de calle cada semana: “Muchas de ellas piensan ser trabajadoras sexuales. Pero no es así, son víctimas de violencia sexual comercial. Dicen que han elegido este trabajo. Nosotras las identificamos, y de ahí empieza todo un proceso, les explicamos que no está bien lo que hacen, que es un delito penal”, detalla.  Violencia sexual comercial es lo que ha sufrido la mayoría de las adolescentes que viven en el hogar de Munasim Kullakita. Desde fuera, nada permite adivinar que se trata de un hogar para jóvenes. Es una casa como las demás, en una avenida vacía de la ciudad de El Alto. Ni siquiera el timbre indica nada. Aquí se desconfía del mundo exterior, que siempre fue un peligro para estas chicas. “La mayoría del tiempo vienen de familias problemáticas, con padres alcohólicos que fueron sus proxenetas, por un tema de necesidad económica. Entonces buscamos un referente en la familia ampliada, un tío, una abuela, alguien que las pueda ayudar”, comenta Elizabeth Velasco, la directora del lugar. “Trabajar de cualquier cosa” Seis meses es la duración “ideal” para quedarse en el hogar, para recibir una atención integral, médica, psicológica, social. Pero algunas viven aquí ya desde hace varios años porque no tienen a quien acudir. La fundación privada Munasim Kullakita realiza un trabajo de servicio público, ningún hogar a nivel municipal está especializado para recibir menores de edad. Cada año la policía boliviana recibe alrededor de 500 denuncias por trata de personas, y hay muy pocos espacios en los hogares a nivel nacional. Hoy es día de fiesta. Es la ch’alla, un ritual aymara para bendecir un lugar agradeciendo a la madre tierra. Las chicas inflan globos, decoran el patio y se trenzan el pelo. Les cuesta manejar sus emociones, pues tienen entre 10 y 17 años… y la mayoría fueron prostituidas. Rita tiene 15 años y su historia es aterradora. Empezó a tener relaciones sexuales por dinero a sus 12 años. “Era la vida difícil. Había que trabajar día a día para ganarnos un plato de comer. Había intención de trabajar de cualquier cosa para ayudar a mi madre. Cosas legales, cosas ilegales. Vender cosas blancas. Una amiga me dijo. Esperé una semana y le dije que sí. Fui a hacer pieza. Estaba desesperada y quería sobre todo apoyar a mis hermanos. Son cinco”, cuenta. Las condiciones de trabajo eran difíciles: “Cuatro euros. Pero no ganaba tanto porque tenía que dar todo al jefe y él después me pagaba a mí. Algunos me obligaban a hacer horarios estrictos…Uno me pegó un día diciéndome ¿por qué no trabajas bien?”, recuerda la joven. Niñas raptadas Rita fue víctima de trata, pero no sustraída de su entorno. Otras, al contrario, son raptadas: más o menos 300 cada año. A unos cuantos kilómetros del hogar, en un barrio popular de la ciudad de El Alto, Lidia Ramos nos recibe en su casa. Su hija Juliva desapareció hace ocho años, y la investigación la hizo ella con su familia. “Hemos rastreado sus llamadas telefónicas del día de su desaparición y una llamada iba a un prostíbulo en Miraflores. Igual al final de la tarde recibí un mensaje de su celular diciendo ‘estoy en una entrevista de trabajo’. Pero no era su letra, mi hija no escribía con errores”, cuenta. Lidia denuncia las fallas del sistema: “¿Cuántas madres están en la misma situación que la mía? Para mí la policía no hizo mucho. ¿Por qué? Porque cuando un investigador avanza, avanza, avanza, y de repente le cambian. Hay que hacer todo de nuevo”. Desconfianza en la policía y la justicia Y no tiene miedo de decirlo: a la policía no sólo le falta profesionalismo, sino que es corrupta: “No hay que confiar en los policías. Tienen sus contactos en los prostíbulos. Y se sabe que algunos hasta son propietarios de estos lugares”. Ella y otras madres de familia formaron una asociación para apoyarse en la búsqueda de sus hijas desaparecidas. Entre ellas está Marcela Martínez, la madre de Zarlet, desaparecida hace 10 años. Se la ve en la televisión, la entrevistan en las radios y su foto aparece en los diarios.   Está convencida de que su hija Zarlet está viva, en algún lugar del mundo. Y Marcela, igual que Lidia, no tiene ninguna confianza en la policía y aún menos en la justicia boliviana. Siendo abogada, sabe mucho del tema. “No sirve de nada ser buen abogado, tener buenos diplomas, si no dan la famosa coima. Yo, nunca quise darla. Lo que hago es ir con los medios detrás de mí para asegurarme que se va a hacer justicia. No quiero participar a este fenómeno de la corrupción. Pero, por esta razón ya cerraron mi caso cuando las instancias internacionales lo dicen claramente, no prescribe el delito de trata. Pero cuando voy a encontrar a mi hija, les voy a hacer un juicio a cada uno de los fiscales que han cerrado mi caso”, enfatiza. Según un relator especial de la ONU, hay una “seria brecha” en el acceso a la justicia en el país. Vino en 2022 a Bolivia por “cuestionamientos a la independencia judicial”. Y es que la corrupción está viciando todo el aparato judicial boliviano… y los casos de trata de personas no son la excepción.

El grupo Las Madres de Soacha lleva adelante una infatigable lucha por la verdad y la justicia. Son los familiares de los llamados "falsos positivos", los miles de ejecutados ilegalmente por el Ejército con el objetivo de aumentar las cifras de la lucha contra la guerrilla. RFI habló con ellas en las afueras de Bogotá. Blanca Monroy es la madre de Julián, un joven de 19 años a quien su propio Estado mintió y asesinó.  Soacha, 2 de marzo de 2008. Un recluta que regenta un pequeño comercio en este popular y humilde municipio en el extrarradio de Bogotá, capta a Julián con una falsa promesa de trabajo. Es a 600 kilómetros de su casa, en la localidad de Ocaña, próxima a la frontera con Venezuela. Otros tantos jóvenes de la localidad caen en la misma trampaen días sucesivos. Civiles engañados y llevados a zonas remotas de bosques para ser asesinados y después disfrazados de guerrilleros con el objetivo de inflar el número de guerrilleros eliminados. Un estratagema que a muchos soldados y altos mandos le sirvió  para mostrar buenos resultados y obtener beneficios económicos y vacaciones durante el Gobierno de Álvaro Uribe en la década de los años 2000. Rubiela, otra madre de otro joven engañado y asesinado, nos cuenta el mismo modus operandi. Rubiela y Blanca han destinado desde entonces lo que les queda de vida a luchar por la justicia y memoria de sus hijos. Sumaron fuerzas creando la asociación de Las Madres de Soacha. Sus casos se enmarcan en lo que popularmente se ha ido conociendo como "falsos positivos", uno de los peores eufemismos en Colombia: ejecucciones extrajudiciales de civiles a manos de militares para mostrarlos como bajas de combate. La Jurisidicción Especial para la Paz (JEP), lleva este macrocaso y cifró el año pasado en más de 6.400 el número de víctimas.  El abogado de derechos humanos Federico Andrew nos cuenta que aunque los primeros casos de falsos positivos en Colombia pueden remontarse a finales de los años 70, el grueso de ellos, se dio bajo el gobierno de Uribe. El contexto histórico de los "falsos positivos" En 2005 fue expedida la Directiva 29 del Ministerio de Defensa, amparada en la política de Seguridad Democrática. Y en los primeros años de esta política insignia de Alvaro Uribe, se dispararon las cifras de las ejecuciones extrajudiciales. En la directiva se combinaron los beneficios para los militares que incrementaran resultados, es decir las bajas de guerrilleros, con la presión por mostrar eficiencia en el combate contra estos grupos armados. Esto ocurrió bajo un proceso demasiado laxo para demostrar la pertenencia de los asesinados a algún grupo armado, pues solo se requería un certificado firmado por el comandante de la respectiva unidad. Los militares mataron civiles bajo dos modalidades distintas: una fue la ubicación de víctimas en el área de operaciones de los pelotones implicados usando informantes en el terreno. La segunda fue el uso de reclutadores que conducían a las víctimas mediante engaños a esos lugares en los que eran asesinados.  Las madres de Soacha abrieron camino en la exigencia de que se llegue a la línea más alta de mando que para ellas está en la figura del expresidente Uribe.. El pasado mes de abril y por primera vez en los procesos de paz del mundo, los responsables militares reconocieron sus crimines públicamente, ante la sociedad, las víctimas y la justicia. Fue en la audicencia de la JEP en la localidad de Ocaña, donde habían muerto 14 años antes, los hijos de Blanca y Rubiela. Ellas y su movimiento asociativo han servido para abrir camino a otros familiares de víctimas en Colombia. Los familiares de las víctimas del departamento de Huila, por ejemplo, apenas están recorriendo el camino de escucha y contratación de información entregada por los militares. Sus exigencias tienen el mismo espìritu pero aún no han avanzado tanto como las de Soacha.