GRANDES REPORTAJES DE RFI

Los argentinos se preparan para votar en las elecciones generales del 27 de octubre. Un escrutinio que va a tomar lugar en un contexto de grave crisis económica y social, una de las peores que haya atravesado el país. La inflación, la pobreza y el desempleo aumentan de forma exponencial. Mar del Plata es la ilustración de esta situación. Esta gran ciudad ubicada a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, tiene la mayor tasa de desempleo del país. Hoy en día, muchos de sus habitantes ven con poco optimismo el futuro del país. Un reportaje de nuestra corresponsal Aude Villiers-Moriamé. El supermercado Carrogus está ubicado en el corazón de la ciudad de Mar de Plata, en una avenida ruidosa con un importante tránsito. En teoría, es un punto a favor para atraer a clientes, pero en los últimos meses, las cosas han cambiado. “Entre enero y agosto de este año, hemos vendido un 30 % menos”, dice Gustavo Casciotti, dueño de este autoservicio que abrió en 1999, hace exactamente 20 años. También es el responsable en Mar del Plata de APYME, la asociación de pequeñas y medianas empresas. “Nunca había visto esto” No es la primera crisis que su comercio atraviesa, pero es la más dura: “Nosotros dependemos de ese poder de compra de los clientes que está fuertemente deteriorado. Los motivos son diversos. Por un lado porque las paritarias, los ajustes de los salarios y de las jubilaciones también vienen sistemáticamente por debajo del aumento de precios, concretamente de la inflación. Pero además convengamos que la inflación de los productos alimenticios viene muy por encima de la inflación promedio, con lo cual eso hace que el cliente que viene habitualmente con el mismo dinero se lleva menos mercadería”. Es el caso de Teresa, quien se queda mucho tiempo en el fondo del supermercado, mirando los estantes y comparando los precios. Es jubilada y percibe del Estado unos 14.000 pesos mensuales, es decir 240 dólares: “Algo tienes que comer, no podes decir no voy a comer. Es terrible lo que se van los precios. Buscas lo más barato. ¡Bah es lo que yo hago! Porque todos los días sube. Hasta ahora, con los años que tengo, nunca había visto esto”. La inflación llegó hasta un 55 % en los últimos doce meses. Un ritmo tal que Gustavo Casciotti y sus tres empleados tienen que actualizar los precios del comercio casi cada día: “A ver... Nos encontramos con listas de precios nuevos vigentes a partir de hoy que todavía no la pude procesar. Tengo por WhatsApp los nuevos precios. Estamos hablando de cerca de 150 productos entre yerbas, fideos y aceite que experimentan aumentos promedio del 10-15 %. Hoy por hoy un fideo que está en 75 pesos lo vamos a tener en 83, 84. Si bien intentamos estirar la aplicación del aumento para que no se siga desplomando la venta, tarde o temprano lo tenemos que hacer porque si no se sigue comprometiendo nuestra ecuación. Realmente hoy por hoy las pymes de Mar del Plata estamos sumamente complicadas, como pasa en el resto del país. Trataremos de seguir aguantando pero está lógico que si no se modifica el modelo económico, no tenemos muchas chances de aguantar mucho más”, lamenta Casciotti. Como Gustavo, muchos empresarios argentinos culpan a Mauricio Macri, el actual presidente de centro-derecha, por la crisis que está atravesando el país. Entre otras cosas, le reprochan no haber apostado lo suficiente a la producción y haber desalentado el consumo de los argentinos. El 11 de agosto, durante las elecciones primarias y obligatorias para todos los partidos, Mauricio Macri sacó una votación muy baja frente a su principal competidor, el peronista Alberto Fernández. Si esta tendencia se confirma el 27 de octubre, la oposición podría ganar la elección en primera vuelta. “El puerto en sí es otro país” En el país, se estima que unas 20.000 empresas han tenido que cerrar en los últimos cuatro años. Y en gran mayoría se trata de pequeñas y medianas empresas. Mar del Plata no escapa a este oscuro panorama. Sólo basta recorrer las grandes avenidas de la ciudad para notarlo… Muchas empresas de todo tipo han bajado las persianas. En la zona del puerto, que representa una de las principales actividades económicas de Mar del Plata, la situación es aún peor. Las plantas procesadoras de pescado tienen cada vez menos trabajo. Numerosas empresas del puerto no pudieron aguantar este año y medio de grave crisis económica. Rocamare es una de ellas. Esta empresa de fileteros, los que cortan el pescado antes de envasarlo, empleaba a veinte personas, sin otorgarles contratos formales de trabajo. Hasta que, de un día para el otro, todo terminó. Encontrándose sin noticias, sin indemnización, pero con facturas por pagar, los ex empleados de Rocamare decidieron acampar las 24 horas del día delante de la casa del dueño, en uno de los barrios más acomodados de la ciudad. “Nos van a cortar el gas, nos van a cortar la luz… Por eso estamos acá, esa es la desesperación que te lleva a hacer eso, a reclamar algo. Un patrón que te deja sin oxígeno, ¡tenés que reclamarle! Esta fue una puerta para reclamarle”, cuenta Walter Ledesma, que trabajó más de un año para Rocamare. “El puerto en sí es otro país, organizado para trabajar en negro. No es como un hotel, un kiosco, un restaurante, en el puerto no se hacen controles, se trabaja”, prosigue. Una vulnerabilidad que se acentuó con la crisis: “Desde 2017 hasta ahora llegó a un nivel… llegó al final. No hay estallido social y no sé por qué. ¡Habiendo más pobreza que nunca, más hambre que nunca, más desocupados que nunca!”. A principios de octubre, después de dos audiencias en el ministerio regional del trabajo a las cuales el ex empleador no asistió, los trabajadores decidieron levantar el campamento. “No podemos esperar más tiempo, tenemos que volver a buscar trabajo”, sentencia Walter. Él y sus compañeros contrataron a un abogado y van a buscar una indemnización por vía judicial. “¿Por qué tenemos que vivir de esta forma?” Un 13,4% de la población activa de Mar del Plata se encuentra desempleada. Es un récord nacional. La pérdida masiva de empleos hace que cada vez más argentinos caigan en la pobreza. En el primer semestre 2019, según cifras oficiales, un 30 % de personas vivían bajo la línea de pobreza en Mar del Plata. Un poco menos que los 35 % de pobres que cuenta en promedio Argentina a nivel nacional. Pero esta cifra no deja de crecer... Frente al aumento de la pobreza, las asociaciones y organizaciones sociales de Mar del Plata se movilizan. Cada miércoles, la Fundación Sí se reúne para distribuir una sopa caliente y conversar con las personas más vulnerables de la ciudad. “La idea siempre es conversar y ver qué más podemos hacer por ellos. Por ejemplo si te dicen que buscan un hotel, buscamos en las computadoras hoteles. O si no tienen el DNI, averiguarles donde pueden ir a buscar un DNI, que sé yo, cuestiones de salud… Somos una ONG, nunca podemos hacer el trabajo que hace el Estado, no tenemos las herramientas ni cerca. Lo que sí tratamos es hacer algo más de la sopa”, dice Ana Augé, voluntaria en la Fundación Sí desde su creación en 2012. En la Plaza Rocha, ya hay una larga fila de personas esperando la distribución de comida. Las noches de primavera son frías en Mar del Plata. Cristián, 40 años, vive en la calle desde hace un año: “Yo tenía laburo, hoy estoy sin laburo, cuidando coches… Vendía autos, estaba todo el día de traje… Acá estamos. Tengo estudios terciarios, tengo un currículo, pero no hay trabajo. Cada vez somos más, ¡mira! Y venís mañana va a haber más, la semana próxima va a haber más, y así...”, cuenta. Atrás suyo en la fila está Luciano, 24 años. Este joven vive en situación de calle desde hace siete años ya. Es testigo de cuánto creció el número de gente necesitando ayuda en la ciudad: “El hambre aumenta. ¿Y por qué tenemos que vivir de esta forma nosotros? Sabiendo que Mar del Plata es la ciudad feliz, que somos un país con mayor exportación de alimentos. Cómo le decimos a nuestros hijos que no hay un plato de comida, que no hay una taza de leche, que no hay un pedazo de pan fresco porque tenemos que darles pan duro… La verdad que la crisis es cada vez más fuerte y no la aguantamos”, lamenta el joven, que espera que el probable cambio de gobierno por venir permita relanzar la economía argentina y que, de esta forma, haya más oportunidades laborales en Mar del Plata. Mejores oportunidades afuera Pero algunos argentinos ya no creen más en la vuelta del crecimiento económico. Ana, emprendedora, y Patricio, gerente de operaciones, viven en Mar del Plata con sus dos hijos. Frustrados por su pérdida de poder adquisitivo, preocupados por el futuro, han decidido marcharse del país. No han anunciado la noticia a sus hijos todavía. “Más allá de que nosotros no estemos mal económicamente y tengamos nuestros trabajos, creemos que para poder darles algo mejor a futuro es una buena alternativa evaluar la migración a otro país... No me parece que sea justo que tengamos que estar todo el tiempo ocupando nuestras cabezas y previendo cosas porque sabemos que la rueda se va a cortar o nos vamos a caer también”, explica Ana. Sus hijos sienten que la situación es precaria, cuenta Ana: “Mi nena me preguntó hace unos días: ‘¿y por qué se están yendo tantas amigas mías a vivir afuera?’ Y me tocó decirle: ‘y mira, hay una realidad económica que está difícil y vas a escuchar de ahora en adelante que mucha gente se va del país porque no hay perspectivas’”. El número de marplatenses que decidieron irse del país ha explotado. En el Colegio de Escribanos de la ciudad, el organismo a cargo de certificar y apostillar los documentos necesarios para pedir visas, el ritmo de trabajo ha incrementado muchísimo. “Antes del 2017 nosotros apostillábamos muy pocos documentos notariales, que serían 10-15 por mes. Hoy estamos cerca de 80 apostillas diarias, no fue de un día para el otro. Si se vio incrementado desde el año pasado a partir de la gran devaluación que hubo en el 2018 eso generó que mayor cantidad de gente piense o empiece a analizar si le conviene mudarse del país, de alguna forma ir acomodando con tiempo su documentación para que tenga validez internacional”, afirma Juan Manuel Area, presidente del Colegio. Patricio y Ana están cerca de pasar por esta etapa: la de la certificación de sus títulos universitarios y documentos oficiales. Su plan es irse a España. “Sabemos que va a ser algo doloroso porque nada suple los afectos que nosotros vamos a dejar acá o las amistades. Sabemos que para los chicos también va a ser difícil. Tenemos la expectativa o la esperanza de que con el tiempo podamos decir ‘esta es la situación que se vive en el país que dejamos hace 20,15 o 10 años’. Ojalá no fuese así, me gustaría que quizás Argentina dentro de 15, 20 años, esté bárbaro. Sobre todo por las amistades que uno piensa dejar acá”, comenta Patricio. En todo caso para Ana, “mucho peor que acá no vamos a estar en ningún lado. ¡Y en el peor de los casos volveremos!”. Patricio y Ana piensan mudarse en junio o julio del año que viene, para que sus hijos puedan empezar la escuela en España en septiembre. Pero mientras ellos cuentan con los recursos para buscar oportunidades fuera del país, la gran mayoría de los marplatenses deberá quedarse en Argentina enfrentando las repercusiones de la crisis.

Durante semanas, la Amazonía boliviana fue víctima de incendios voraces. Para este reportaje, nuestra enviada especial a la Chiquitanía, en el este de Bolivia, acompañó a cuidadanos que se movilizaron para llevar ayuda, a bomberos voluntarios, habló con campesinos indígenas afectados, con autoridades y ambientalistas sobre las causas estructurales de este desastre ecológico.  Realización - Pierre Zanutto. Selección musical - Paula Estañol El crepitar violento del fuego en el suelo, en las ramas. El calor que ahoga. El humo asfixiante. Durante semanas, las llamas devoraron bosques y pastizales en la región amazónica de la Chiquitanía, al este de Bolivia. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, brigadistas, policías y de los soldados desplegados, cerca de cuatro millones de hectáreas fueron devastadas por los incendios: la superficie de Suiza o la gran mayoría de Costa Rica. Frente a semejante desastre, Karen Ibáñez no quiso ni pudo quedarse de brazos cruzados. Dejó de lado su trabajo de empresaria durante semanas, para mover contactos y juntar donaciones en Santa Cruz, capital del departamento del mismo nombre, la región más amplia y pujante de Bolivia, bastión opositor al presidente Evo Morales y la más afectada por esta catástrofe. En Bolivia, muchos bomberos son voluntarios. Tienen un trabajo aparte y dependen de fundaciones sin fines de lucro con pocos recursos. Frente a la inédita magnitud de estos incendios, este sistema ha mostrado su fragilidad. Y para Karen como para muchos otros, la respuesta de las autoridades no ha estado a la altura. "Nosotros estamos atacando las falencias. Hay grupos de bomberos voluntarios que no tienen apoyo, por decirte un ejemplo algunos habían acordado ellos mismos poner una cuota semanal de su propio bolsillo y dejaron de trabajar casi 50 días", dijo a RFI. "Ya sea el gobierno nacional, los gobiernos municipales o la gobernación, creo que no han sido lo suficientemente eficaces para entregar las donaciones, para generar las facilidades para que el fuego se apague. El Estado ha mandado tropas sin protección, muchos de los soldados en malas condiciones, la gente de la sociedad civil los ha tenido que apoyar". Miles de ciudadanos se han movilizado como Karen para apoyar a los bomberos voluntarios bautizados "héroes" en las redes sociales. Focos de calor en el camino A la Chiquitanía, viajamos con Eduardo Vaca, empleado administrativo, su esposa, un amigo y dos bomberos voluntarios. Las dos camionetas están cargadas de ayuda que juntaron a través de la plataforma "Motorazo por Bolivia": colirio, crema para las quemaduras, mochilas forestales, bebidas energizantes, comida enlatada, palas, linternas... Cinco horas de viaje de noche, en una carretera construida en 2017 por el gobierno de Evo Morales. En la pequeña ciudad amazónica de Concepción, las autoridades y los voluntarios han establecido una base logística desde la cual parten a combatir las llamas. Al llegar se siente el humo que semanas de incendios han dejado en el aire. Andrea Inturias tiene 30 años y es relacionista pública en Santa Cruz. Cada fin de semana entra a la Chiquitanía con un grupo de bomberos voluntarios por 48 o 72 horas. No tiene formación de bombera y se ha financiado su equipamiento de protección, pero sigue las instrucciones del líder de un grupo de bomberos certificados. "Es muy peligroso, árboles se caen, te tropiezas, te puede pasar de todo por eso tenemos que hacer mucho caso", cuenta. "Hemos hecho de todo, hemos estado en primera línea de fuego, sofocando con herramientas, he sido encargada de llevar y traer agua para las primeras filas cuando no podíamos entrar con tanques grandes de agua". Un trabajo agotador después de una semana de trabajo en la ciudad. "Para toda Santa Cruz y para mí también, el Bosque Chiquitano es un lugar muy importante. Cuando te enteras de que están todos en emergencia, te pones a pensar. O eres millonario para comprar cosas y donar todo, todo, todo. O tienes tus manos para ayudar", añade. Unas pocas horas de sueño en un colchón de espuma y Andrea estará lista para este nuevo fin de semana en la Chiquitanía. En el momento álgido de esta crisis, el colegio católico que nos recibe llegó a alojar y alimentar a más de 400 bomberos voluntarios, gracias a las donaciones. Incendios más fuertes que los años anteriores En el patio techado del colegio, una decena de jóvenes bomberos del grupo FUNSAR Concepción recibe una parte de la ayuda que ha traído Eduardo Vaca. Los muchachos, algunos menores, visten overoles naranjos y botas de seguridad. Muchos tienen hojas secas de coca en la boca "para mantenerse firme, para que no nos dé flojera", dicen. César Alexander tiene 17 años, lleva dos años en esta unidad de bomberos voluntarios. Dejó el colegio durante un mes para combatir las llamas. "Uno lo hace de corazón", afirma. Para él, "la experiencia fue aterradora, ver el fuego que viene y te cubre por todos lados... No sabes qué hacer." "La verdad, año tras año nosotros combatimos incendios forestales, esta es una zona bien vulnerable a los incendios forestales", relata Juan José Rivero, comandante de la unidad. "Lo nuevo fue que la zona norte de Concepción haya ardido con esa intensidad, es un bosque más alto y más denso y por eso también fue difícil de controlar el incendio", explica. "Este año ha sido peor porque ha habido dos heladas en el año y eso ha hecho que el combustible que hay en campo tenga más facilidad de arder." Niños enfermos y nada para sembrar Las lluvias del primer fin de semana de octubre apagaron los últimos focos en la Chiquitanía. Pero, tras cerca de dos meses de incendios voraces, las llamas han dejado daños enormes para los campesinos. "Nosotros guardamos las semillas en el mismo lugar donde tenemos el cultivable y ahora todo se ha quemado, no tenemos ahora nada. No sé cómo vamos a hacer para tener producción este año porque ahorita no tenemos recursos para comprar semillas", explica Donato Daza que cultiva maíz y arroz en la comunidad de El Palmar.  El agricultor, presidente de la Junta Vecinal, viajó hasta Concepción, a 150 km de su pueblo, para pedir ayuda a las autoridades:  víveres y medicamentos, sobre todo, porque los niños están enfermos, explica Moisés Camacho, presidente del Consejo Educativo de la comunidad, que lo acompañó: "Los chicos están enfermos con mal de ojo, dolor de cabeza, dolor de estómago. Quizás se estén intoxicando a causa del humo que hubo en nuestro pueblo de El Palmar". Uno de sus vecinos, de 64 años, falleció al intentar proteger su reserva de arroz del fuego. También se espera una fuerte escasez de agua en la zona. La poca agua que había en los estanques se utilizó para luchar contra los incendios. Y las comunidades indígenas y campesinas sufrirán por la muerte de numerosos animales salvajes, que en tiempos normales complementan su alimentación, y por la desaparición de plantas y árboles con los que fabrican sus medicinas. Paísajes apocalípticos Para ver los estragos que ha causado el fuego, hay que adentrarse todavía más en la Chiquitanía. A medida que el 4X4 de Eduardo Vaca avanza por los caminos de tierra roja, el paisaje se vuelve desolador. Palmeras, tajibos, cedros con los troncos negros. Robles, curupaus calcinados... Y un silencio total. Las aves, los reptiles y los mamíferos que habitan normalmente este bosque seco tropical han desaparecido. Las llamas han callado a la selva amazónica. Según los científicos, varios millones de animales perecieron en estos gigantescos incendios forestales, los otros huyeron y las llamas han causado daños "irreversibles" en los bosques primarios. Críticas al gobierno El gobierno desplegó soldados, envió aviones cisterna como el SuperTanker y un Ilyushin ruso, además de varios helicópteros para combatir el fuego. Pero el Ejecutivo, así como las autoridades departamentales y municipales, enfrentan duras críticas. Muchos ciudadanos consideran que fueron demasiado lentos en reaccionar. Sobre todo, se reprocha al presidente Evo Morales no haber declarado el "desastre nacional". Desde su despacho en La Paz, el viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera, reconoce que hubo dificultades de coordinación, pero justifica la decisión del gobierno. "Tiene que haber dos aspectos para que se declare desastre nacional: primero que rebase la capacidad económica y segundo que rebase la capacidad técnica. En el presente caso, no se dio ninguna de las dos condiciones. Aun así, el gobierno nacional ha pedido el apoyo de la cooperación internacional, pero vía la Cancillería." Los ambientalistas también acusan el gobierno boliviano de haber favorecido, con leyes y decretos, el avance de la frontera agrícola y la práctica del chaqueo, es decir la quema para desbrozar los terrenos. En el Bosque Chiquitano, los incendios se dispararon en agosto a causa de estos chaqueos descontrolados. Evo Morales rechazó estas acusaciones y atribuyó la magnitud de los incendios forestales al cambio climático. Evo, de héroe a villano para los ecologistas Con su discurso de 2009 en la ONU en favor de los derechos ambientales y de los pueblos originarios, el primer presidente indígena de Bolivia se había convertido en un adalid de los ambientalistas. Pero en la práctica, sus políticas han decepcionado a los ecologistas. "En el primer gobierno de Evo Morales se hicieron muchas cosas en esa línea de la defensa de los recursos naturales y de la participación de los pueblos indígenas, con la consulta previa, la titulación de los territorios... Se aprobó la declaración de las Naciones Unidas como ley, íbamos muy bien", explica Hernán Ávila, director de la ONG ambientalista CEJIS en Santa Cruz. "Pero del 2009 en adelante, después de la aprobación de la Constitución política, Evo Morales cambió de libreto y estableció una alianza con los sectores más reaccionarios de la sociedad boliviana: con el sector agroindustrial, ganadero, con la banca, los militares, los mineros y los petroleros. Esta es su base social ahora y ha gobernado para ellos en estos últimos 10 años", critica. "Tiene todavía una narrativa pachamamista, de defensa de la madre tierra a nivel internacional, pero hacia adentro desarrolla una política exactamente contraria a eso que dice hacia fuera", concluye Ávila. Entrevistados: - Karen Ibañez, empresaria que coordinó ayuda para la Chiquitanía a través del grupo 'Super Paceños' en Santa Cruz- Eduardo Vaca, empleado administrativo que coordinó ayuda para la Chiquitanía a través de la plataforma 'Motorazo por la Democracia' en Santa Cruz- José Lazarte, voluntario que llevó ayuda a la Chiquitanía- Andrea Inturias, relacionista pública y bombera voluntaria- César Alexander, bombero voluntario en FUNSAR Concepción- Juan José Rivero, comandante de la unidad de bomberos voluntarios FUNSAR Concepción- Donato Daza, agricultor y presidente de la Juna Vecinal de El Palmar- Moisés Camacho, presidente del Consejo educativo de la comunidad El Palmar- Oscar Cabrera, viceministro de Defensa civil del gobierno de Evo Morales- Miguel Nogales, ingeniero y comandante de la brigada de bomberos voluntarios GRI- Hernán Ávila, director de la ONG ambientalista CEJIS, en Santa Cruz.

Desde casi cualquier lugar de Jerusalén se escucha la llamada a la oración de alguna mezquita. De día y de noche. Es un cántico quejumbroso que recuerda dónde estamos, que transmite una cierta paz, pero también hace pensar en un conflicto enquistado con pocas esperanzas de resolverse a medio plazo. Israelíes y palestinos llevan más de 50 años enfrentándose. Impredecibles pero tristemente repetitivos y sangrientos ciclos de violencia agotan los recursos diplomáticos de la comunidad internacional, hastían a los oyentes y lectores de los medios internacionales y provocan en miles de civiles un sentimiento de abandono. Por Beatriz Lecumberri, corresponsal de RFI en Jerusalén. El cántico de la mezquita fue una de las últimas cosas que el joven palestino Mohammed Abu Jdeir escuchó el día de su muerte, el 2 de julio de 2014. Era el mes de oración musulmán de Ramadán y estaba apenas amaneciendo cuando salió de su casa del barrio de Shuafat, en Jerusalén-Este para ir a rezar. Fue secuestrado por tres judíos radicales, torturado y quemado vivo. Su cuerpo apareció horas después. Tenía 16 años. El caso de Mohammed Abu Jdeir “No puedo perdonar, no puedo, no puedo, se llevaron mi vida, ¿cómo puedo perdonar si se llevaron lo más precioso que tenía? No es fácil para una madre no saber qué pasó aquel día. Aun ahora, cinco años después, me encuentro esperando a que Mohammed vuelva de la escuela”, cuenta su madre, Suha Abu Jdeir. El crimen de Mohammed Abu Jdeir conmocionó a israelíes y palestinos. Los tres autores fueron detenidos y juzgados en un proceso doloroso que duró tres años. Cinco años después, en la misma casa que se llenó de vecinos y periodistas en 2014 reina el silencio y se multiplican las fotos del joven asesinado. Hussein, el padre del joven palestino, no oculta su decepción y su asco ante el sistema. “Rechazamos la condena totalmente. Si hubiera sido un palestino que mata a un menor israelí, ¿qué habría pasado? Primero, sin necesidad de juicio, su casa y la de su familia hubieran sido demolidas. Después, arrestarían a todos los miembros de su familia y después lo condenarían a varias cadenas perpetuas, no sólo una, varias. Nosotros solamente logramos una cadena perpetua y dos condenas de 20 años para los asesinos”, dice. La familia tampoco ha recibido ningún tipo de indemnización financiera y vive con miedo a que los asesinos de su hijo sean un día amnistiados. A la pregunta de qué ha cambiado, Hussein lanza una mirada llena de tristeza. “Hace algunos días, los colonos vinieron a Shuafat, prendieron fuego a neumáticos en la calle principal, gritaron: ‘muerte a los árabes’. ¿Cómo se puede caminar hacia la paz así? Yo por ejemplo tengo tierra, pero no puedo construir un apartamento para mi hijo porque los israelíes no me dan permiso, pero ellos sí construyen aquí al lado miles de casas para los colonos”, comenta el padre de Mohammed. Ser palestino en Jerusalén Shuafat, la zona de Jerusalén donde vive esta familia es un claro ejemplo de las dificultades crecientes que sufren los palestinos de Jerusalén, que representan alrededor de un 38% de la población de la ciudad, es decir, unas 350.000 personas, concentradas en la zona oriental y la ciudad vieja, y rodeadas de colonos israelíes, que ya rondan los 215.000. La población palestina se mantiene en la ciudad pese a las dificultades: pese a no ser considerados ciudadanos sino residentes, pese a gozar de escasos servicios municipales aun pagando los impuestos locales y pese a no obtener prácticamente nunca permisos para construir aunque tengan título de propiedad de la tierra. Meir Margalit, activista israelí, ha empleado más de 15 años de su vida en luchar contra las demoliciones de casas palestinas en Jerusalén a través de una ONG que logró que los índices de destrucción de casas palestinas en Jerusalén pasaran de 150 o 200 por año a 20, hace unos 10 años, cuando RFI lo entrevistó por primera vez. El acoso de las autoridades israelíes hacia este tipo de organizaciones y la disminución total de fondos hicieron que la ONG prácticamente desapareciera y el índice de demoliciones en Jerusalén se sitúa hoy en torno a 200 por año. El problema de las tierras La solución del conflicto con los palestinos no formó parte de las prioridades de los programas electorales de los últimos comicios israelíes de abril. Tampoco ocupa el centro de las conversaciones en los cafés o las tertulias en la radio. Cada sábado algunos israelíes salen a protestar en Tel Aviv contra la ocupación de los territorios palestinos, la política del gobierno de Benjamin Netanyahu y por la paz. Como Meir Margalit reconoce, cada vez son menos. En mayo de 2014, el papa Francisco visitó Israel y Palestina. Tras celebrar una misa en la ciudad palestina de Belén, algunos cristianos de Tierra Santa tuvieron la posibilidad de almorzar con él y hablarle de sus dificultades diarias. La familia de Elías y Juliette Abu Mohor fue una de ellas. El muro que Israel construye desde 2004 en torno a Cisjordania y Jerusalén iba a atravesar sus tierras y las de otras familias de la zona de Belén, en el llamado valle de Cremisán. Medio centenar de ellas habían presentado el caso ante la justicia israelí para intentar cambiar el trazado de la barrera y no perder sus olivos. “No queremos perder la esperanza y seguiremos luchando por nuestra tierra, porque llevamos mucho tiempo viviendo aquí. Ahora tenemos acceso a nuestra tierra pero quién sabe qué pasará el año que viene, si podremos seguir yendo. Esperamos que la justicia israelí tenga en cuenta nuestros argumentos y entienda qué significa esta tierra. Nosotros, los palestinos de esta zona solo podemos expandirnos hacia el valle de Cremisán”, explicaba Juliette Abu Mohor. Pero estas familias perdieron. La justicia israelí siguió permitiendo que el muro avanzara conforme al trazado previsto. Los Abu Mohor han perdido desde el 2014 más del 70% de sus tierras. Una parte fue arrasada para construir la barrera, otra sigue ahí, pero al otro lado del muro la familia no tiene más acceso a estas propiedades. Sólo las pueden visitar en tiempo de la recogida de la aceituna, una vez por año, si piden un permiso al ejército israelí. Al igual que otras familias de la zona se sienten acorraladas. La solución para algunas familias de Beit Jala ha sido marcharse. Para Elías y Juliette, padres de tres niñas, esta es la pregunta que más duele. Falta de voluntad política En julio de 2014 estalló una violenta ofensiva en Gaza que duró varias semanas y se saldó con la muerte de más de 2.300 palestinos, la mayoría de ellos civiles, y unos 70 israelíes, fundamentalmente soldados. La familia Galkowicz vive a 7 km de Gaza. Son judíos de Brasil y Argentina que llegaron en los 80 a Israel y se instalaron en un kibutz, una comunidad dedicada a la agricultura y con un estilo de vida comunitario. En 2005 un misil lanzado desde la franja de Gaza mató a una de las hijas de la pareja, Dana, de 22 años, y destrozó la vida de la familia. Cada uno afrontó la tristeza como pudo. Natan, el padre, dedicaba buena parte de su tiempo a fomentar el diálogo y otras iniciativas de paz con sus vecinos palestinos. RFI lo entrevistó en 2014 cerca de Gaza. Las alarmas por la llegada inminente de los misiles palestinos lanzados desde el otro lado de la frontera eran constantes e interrumpieron varias veces la entrevista. Pese a vivir prácticamente en la línea de fuego, Natan seguía pensando que la violencia no era la solución y lamentaba la muerte de civiles palestinos a pocos kilómetros. Cinco años después, por teléfono desde su casa en el mismo kibutz, Natan comparte su desilusión. Los cohetes palestinos siguen cayendo cerca de su hogar, los políticos de un lado ni de otro no muestran voluntad política para resolver el conflicto. Salud en peligro En casa de Nivin Habub se habla en voz baja, casi como en un hospital. Esta madre palestina de 42 años lleva siete años enferma de cáncer. Un cáncer de pecho que en otro lugar del mundo hubiera podido curarse sin problema. Pero en Gaza, sometida a un severo bloqueo israelí desde hace diez años, no hay radioterapia ni tampoco la última tecnología de escáneres. Nivin ha perdido la cuenta de las veces que ha solicitado un permiso a las autoridades israelíes para recibir tratamiento en hospitales palestinos de Jerusalén y Cisjordania. El 90% de las veces ha sido rechazada y su cáncer se ha extendido a los huesos. “Necesito radioterapia y para ello tengo que ir a Jerusalén. La quimioterapia la recibo aquí, pero a veces no entra y no puedo seguir con el tratamiento. Otras veces la que hay no es la que yo tomo, pero me la dan igual, porque si no el tumor sigue creciendo. La ocupación israelí tiene la culpa. Yo estoy enferma y mi prioridad es recibir mi tratamiento. ¿Por qué rechazan nuestras solicitudes de permiso? No es justo. Los enfermos de cáncer corremos el riesgo de morir e Israel nos impide salir para curarnos, aunque sea nuestro derecho”, denunciaba Nivin Habub. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2018 25.658 enfermos solicitaron permiso para recibir tratamiento fuera de Gaza. Un 38% de ellos no pudo salir de la franja. Asociaciones de Gaza afirman que la falta de permisos castiga más duramente a las mujeres. En junio de 2019 Nivin recibe a RFI en la cama. Debilitada y con dolores que no se pasan con analgésicos. “No puedo caminar mucho, me canso. El cáncer en los huesos me impide salir de casa. Solo voy al hospital. Soy fuerte y tengo una voluntad de hierro, pero esta enfermedad me deja exhausta. Cada vez que pedimos un permiso no nos lo dan, seguimos intentándolo y ojalá en algún momento recuperemos la esperanza”, dice. Puertas cerradas de Gaza para Nivin Habub, puertas cerradas para sentarse a negociar y hablar de paz. En las calles, la mayoría de la población civil palestina e israelí ya no cree en una solución de dos Estados, uno israelí y otro palestino. Donald Trump prometió un plan de paz que haría historia, pero su publicación se retrasa mes tras mes. El conflicto se estanca y se perpetúa mientras los años pasan y la lista de víctimas crece hasta hacernos perder las cuentas.

La capital cubana cumple este año los 500 años de su fundación por colonos españoles. Y para conmemorar sus cinco siglos de existencia como ciudad moderna, La Habana viste de gala. Algunos habitantes denuncian injusticias en el proceso de reconstrucción. Reportaje en las calles de la capital cubana en plena restauración. Con la renovación de decenas de calles, palacetes, edificios antiguos, las autoridades cubanas tratan de dejar atrás décadas de abandono de un espléndido patrimonio arquitectónico. La tarea es colosal ya que La Habana vieja, corazón histórico de la capital y patrimonio mundial, según la Unesco, se asemeja, en algunas calles, a una ciudad bombardeada. Escuche el reportaje completo: Secuencias del reportaje: >Testimonio de Yésica, una de las tantas personas que viven en un edificio muy deteriorado de La Habana Vieja. >Entrevista con María Victoria Zardoya, profesora de historia de la arquitectura de la Universidad Tecnológica de La Habana, quien nos habla de la extraordinaria riqueza y variedad del patrimonio histórico de la capital cubana. De las construcciones de la época colonial a los portones neoclásicos, pasando por las casas Art déco, “La Habana es como una lección de historia”, dice. >Entrevista con el encargado del patrimonio en la Oficina del historiador de La Habana, Michel González que admite que la restauración de La Habana vieja no va al ritmo “a cómo queremos”, debido a la escasez de material causada por el embargo estadounidense y a la particularidad del material del patrimonio. >Testimonio de Teresa, una cubana que vive en el extranjero, y que reconstruye un antiguo palacete Art Nouveau que fue la tienda de la marca de perfumería Guerlain hace varias décadas. >Un paseo al Malecón habanero, una avenida costera donde una filial del Ejército cubano construye hoteles de lujo. Entrevista con Elio Jesus, artista plástico. Entrevistas realizadas conjuntamente con Isabelle Le Gonidec. Fotos: Isabelle Le Gonidec.

¿Vamos hacia una crisis del café colombiano? Los caficultores alertan sobre la situación crítica. Reportaje de nuestra corresponsal en Colombia, Najet Benrabaa, que conoció a varios caficultores y vendedores de café en el departamento de Antioquia. La crisis global del café también llegó a Colombia: se estima que hay 540.000 familias colombianas afectadas. Y aunque el gobierno ha anunciado un plan de asistencia financiera para los caficultores que producen con pérdidas, no parece ser suficiente. Los productores exigen una regulación del mercado y, en particular, la retirada del café de la bolsa de Nueva York que regula el precio. Según los caficultores, se trata de la mayor crisis en 25 años. Lo más devastador para los productores de café sigue siendo la disminución del precio de los cafés dulces, de los cuales Colombia es el mayor productor del mundo. Se redujo al nivel de hace 14 años. “Producir un saco de 60 kilos de café cuesta más o menos 770.000 pesos (249 dólares). Y te lo están pagando a 660.000 pesos, pues estás perdiendo unos 100.000 pesos. Es un 25%, un 30% menos de lo que debes ganar. O sea que estamos trabajando a pérdida. Estamos en una zona en la que la mayoría de los productores somos pequeñitos, y no hay alternativa para sembrar otra cosa. Entonces nos toca vivir de lo que hemos hecho toda la vida. Hay una manipulación, hay multinacionales que comercializan el café, que compran café en diferentes países y ellos manejan el precio desde la Bolsa de Nueva York. Es el problema principal”, explica Javier Parrera, gerente de Café Don Chucho en la ciudad de Fredonia. A pocos kilómetros del centro de la ciudad, perdida en las alturas de las colinas, se encuentra la “Chapolera”, que produce alrededor de 17.000 kilos de café al año. “La Federación Nacional de Café siempre ha tratado de plantear unos proyectos de diversificación que tampoco han sido la solución total pero se han logrado mantener. Esos pequeños productores fundamentalmente combinan con otros tipos de cultivos y logran subsistir. La situación es precaria, lamentable”, lamenta su propietario Carlos Mario Henao Montoya, quien tuvo que diversificar sus actividades y piensa que la solución pasa por una reforma agraria total en el país. Para evitar perder más dinero con los intermediarios, Carlos se asegura de vender su producción directamente a los clientes. Establece su precio de acuerdo con la calidad del grano de café y los costos de producción, así obtiene un precio más justo que el ofrecido por el mercado nacional. Algunos cafés, como el café Bliss en Medellín, apoyan a los productores independientes, lo que les permite sobrevivir. “Estamos trabajando solamente con café de origen, de una sola finca, una sola variedad, entonces se vuelven cafés especiales”, comenta su directora, Andrea Salazar. Pero según la profesora de la Universidad Nacional de Medellín, Luz Dinora Vera Acevedo, la especulación en la Bolsa de Nueva York no es la única causa de la caída de los precios del café: “El otro problema es que hay mucho café en el mercado. Café de Brasil, de Vietnam... Y nosotros importamos café, entre el 30 y el 40% para producir café liofilizado, que además se exporta. Entonces hay una contradicción”. Colombia es el tercer productor de café después de Brasil y Vietnam. Es uno de los principales productos de exportación del país, después del petróleo y los minerales. Desde 2015, según la Organización Internacional del Café, Colombia ha producido entre el 14 y el 17% del café arábica mundial. El año pasado, el país vendió más de 15,5 millones de sacos de 60 kilos.